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La sanción de la ley que recompone en un 8,1% las jubilaciones se tomó como una afrenta política para destruir su pilar central; el impacto genera fuertes diferencias entre los economistas del oficialismo y la oposición; las encuestas marcan que se trata de un tema muy sensible para la opinión pública; a su vez, se vienen nuevas medidas económicas de Luis “Toto” Caputo
“He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el parlamento porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado…Esto de bueno no importa después vemos como se financia me suena demasiado ingenuo”. La frase corresponde paradójicamente a Cristina Fernández de Kirchner quien, el 14 de octubre de 2010, a través del decreto 1482, vetó la ley que había sido aprobada por el Congreso de la Nación y que establecía una jubilación mínima que representaba el 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos.
Catorce años después la historia vuelve a repetirse, aunque con una diferencia sustancial. En ese entonces el proyecto se había aprobado por una mayoría muy finita y ahora los números de la ley que recompone un 8,1% las jubilaciones están en alza tras los reproches e internas tanto del oficialismo como de la oposición. La respuesta del Gobierno terminó de gestarse el jueves poco después de las 19.45 en un encuentro que se llevó adelante en la sala de jefatura de gabinete en la Quinta de Olivos. Allí el presidente Javier Milei estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de 18 invitados. A su izquierda el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; a la derecha Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía; e inmediatamente al lado el diputado José Luis Espert, su apuesta en la provincia de Buenos Aires para la batalla electoral del 2025. La ubicación de ellos no fue casual. El propio presidente les pidió que se pusieran a su lado.
También estaban Maximiliano Fariña (Secretario de Transformación del Estado); Pablo Quirno (Secretario de Finanzas); Vladimir Werning (vicepresidente del Banco Central), Demian Reidel, Miguel Angel Boggiano, Federico Furiase y Lucas Llach, entre otros economistas con roles muy disímiles en el gobierno.
El 70% del tiempo se dedicó a analizar punto por punto el Pacto de Mayo que se firmó en julio y el 30% para la respuesta formal a la que definieron como “la madre de todas las batallas”. En ningún momento se minimizó la sensibilidad que implica el tema de las jubilaciones en la Argentina, pero interpretaron la jugada política como una decisión de destruirles el plan económico. O al menos lo que suponen su pilar central: el superávit.
Sin eufemismos fue el propio presidente quien confirmó en el inicio de su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario que vetará el proyecto y volvió a llamarlos “degenerados fiscales” a los miembros del Congreso. “Votaron un disparate que implica un 62% del PBI de toma de deuda, que les cuesta a los argentinos US$ 370.000 millones arruinándoles la vida a generaciones futuras”, agregó.
Desde la oposición, en tanto, tomaron el guante y uno de los más duros fue el senador nacional por la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, a través de la red social X: “Decían que no había plata y que el ajuste lo iba a pagar la casta. Pero hay plata para aviones de guerra. Hay plata para bajarle los impuestos a los ricos. Hay plata para los viajes privados del presidente. Hay plata para el blanqueo de los evasores seriales. Hay plata para darle 100 mil millones a la SIDE. ¿Irresponsabilidad fiscal o prioridades diferentes?”, disparó el flamante presidente de la Comisión bicameral de Inteligencia. Fue el propio Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien salió a responderle: “El senador Lousteau hizo un comentario cuando se trató la ley sobre que había plata para la SIDE y no para los jubilados. Me parece que el comentario del senador, que se ha convertido al kirchnerismo más rancio, es bastante ridículo. Es como comparar manzanas con bananas, son cosas absolutamente diferentes”, sentenció Francos.
Tras una primera fase de dos horas, el encuentro del presidente con sus espadas económicas continuó en el quincho adónde la parrilla estaba lista. Chorizo, vacío y ensalada rusa fueron los elegidos principales. “Casta, vení a tocarnos el superávit”, postearon luego en la red social de Elon Musk, a modo de grito de guerra. “Los jubilados cobran miseria porque el sistema está quebrado por el populismo”, resumió Espert.
El veto presidencial tiene una arista compleja en términos de agenda futura. Las encuestas de opinión pública plantean el tema jubilaciones como un punto muy empático por parte de la sociedad y muy antipático desde la política. Es decir, que para un gobierno que mira muy de cerca los niveles de aceptación esta agenda le es muy compleja. “Es en esos puntos en los que los grandes números importan poco a la sociedad que lo vuelca a la realidad de cada uno de los jubilados de su familia. Es un mundo difícil de construir para un gobierno que tiene como fortaleza la comunicación. El riesgo es que se convierta en un conflicto similar al de las universidades porque si hay algo que no son los jubilados es casta. Hay algunos ejes en los que la sociedad no compra el no hay plata y este es uno de ellos”, graficó en off the record uno de los analistas que mejor posicionamiento le da a Milei en la aceptación pública. Y agregó: “El peronismo y los antimilei encontraron aquí un talón de Aquiles difícil de rebatir. La gente mira su metro cuadrado y es muy difícil de defender la medida con los valores reales que ganan hoy las personas que no están en actividad”, cerró.
El exministro de Economía y extitular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, tiene una mirada definitiva respecto del debate actual. “El kirchnerismo que siempre saqueó a los jubilados, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ahora los usa para intentar un rédito político”. En ese sentido, Unión por la Patria emitió un comunicado con el título: “Motosierra para los más débiles. Con el veto, Milei le cae con toda la crueldad a las y los jubilados”. El kirchnerismo se mostró unido en este campo tras el tsunami de las denuncias de agresión de Fabiola Yañez y la investigación judicial abierta por el caso de los seguros que mantuvo a sus referentes con los grupos de WhatsApp al rojo vivo.
Prat Gay cree también que “el gobierno actual oculta que, a los jubilados, no a la casta, se le sacó cinco veces más que el 0,4% del PBI que anunció al inicio del año. Y miente cuando dice que peligra el déficit cero porque el superávit acumulado hasta agosto es mayor que el impacto fiscal de la ley”.
Los referentes libertarios tienen una mirada definitiva sobre el contexto. “Es una movida política para romper el superávit. Es el principio. Nos están midiendo y es increíble que todos los que estuvieron mudos entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 en que cayeron 30 por ciento las jubilaciones estén preocupados. Esto va por el kirchnerismo y también por sus socios como Lousteau. Da muchísima bronca. Imaginate que el ajuste que hicieron ellos a los jubilados era encima con un plan platita donde la expansión no tenía ningún respaldo y ahora vienen con populismo barato. Caraduras”, se enojaron en el quinto piso del ministerio de Economía. La cuenta que allí hacen es que este proyecto cuesta 1,2% del producto bruto interno y que no tiene absolutamente ninguna contrapartida para financiarlo. Para explicarlo en términos simples, si considera el flujo de gasto que impone la nueva ley, representa en valor presente una deuda que se le carga al Estado de 24% del PBI, según los cálculos oficiales. Sin embargo, un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal de la medida es menor. De acuerdo con ese trabajo, el impacto fiscal adicional para 2024 de la nueva fórmula sería de 0,44% del PBI.
“Es el ejemplo más característico de porque no se puede ceder. La propia Cristina en su momento vetó un proyecto de movilidad y Alberto Fernández los licuó desde el día uno. A Macri por una reforma superadora el peronismo le tiró 12 toneladas de piedras. Pero así funciona la política que nos llevó adonde hoy estamos y que siempre busca atajos”, graficó una de las personas de mayor confianza del presidente de la Nación.
Desde el Ministerio de Economía están convencidos de una jugada destructiva en ciernes. “Son los mismos protagonistas que generaron déficit en 113 de los últimos 123 años. Éramos el peor alumno de la clase y ahora somos los más tragas. No hay país que tenga el equilibrio monetario y la ortodoxia que estamos imponiendo. Tienen miedo de que nos vaya bien. Sabemos que la inflación bajará y la economía empezará a recuperarse, pero no por casualidad sino por causalidad y esto les molesta. Por eso lo vivimos como un grito de guerra y vamos a morir con las botas puestas”, agregaron en Economía adonde preparan varias medidas para los próximos días que tienen varios ejes.
La complejidad de esta agenda legislativa la miran también los inversores. De raíz cuando el veto se produzca eso hará que el proyecto regrese al Congreso y es muy probable que los dos tercios en el Senado estén garantizados y que, inclusive, en Diputados el número para aprobarlo crezca por encima de los 160 legisladores iniciales después de las idas y vueltas del propio Milei con sus aliados políticos del PRO.
Las urgencias de corto plazo
Mientras sigue el debate por las jubilaciones hay otras medidas que llegan. En Economía consideran que el primer pago relevante de deuda es en enero de 2026 porque para el año próximo ya tienen los dólares para los intereses y buscarán los fondos necesarios para conseguir cubrir el capital y no hacer rollover (mantener una posición abierta más allá de su vencimiento). La negociación formal con el Fondo Monetario Internacional comenzará en la segunda quincena de septiembre y descuentan que el dólar seguirá estable. Seguirán absorbiendo un billón de pesos por mes. “Ese cambio es sustancial. Por eso el superávit no se negocia”, admiten cerca de las huestes de Caputo.
A su vez, la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Florencia Misrahi, se reunió con su par del Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos, Daniel Werfel, para avanzar en los detalles sobre el primer intercambio automático de información entre ambos organismos, que brindará datos vinculados a cuentas financieras. El blanqueo tendrá esta novedad que corre desde septiembre y los contribuyentes podrán declarar sus ahorros sin costo, pero luego no podrán ingresar a ninguna otra iniciativa de este tipo hasta 2038.
Además, hay un punto adicional que surgió del encuentro de Milei con su equipo económico. Allí se definió que la agenda de desregulación tendrá una medida por día para que -según su visión- la inflación continúe bajando y el camino sea irreversible. Se conversó también sobre el sistema de coparticipación en el que coincidieron que hay que hacer cambios pero que ese frente quedará abierto para después de las legislativas. Lo mismo con la reforma laboral de fondo. Ahora habrá que avanzar con el sistema de multas, el período de cese y de prueba incluido en la ley bases para luego ir por la cuestión más estructural que es lo que definen como la batalla contra la casta sindical. Eso implica acotar la duración de los mandatos de los secretarios generales de los sindicatos al mismo plazo de un presidente, terminar con el unicato y avanzar con lo que llaman la democracia sindical. Además, habrá novedades en la Secretaría de Comercio. Esta semana se realizarán anuncios de bajas arancelarias y paraarancelarias para tratar de disminuir lo que denominan el costo argentino.
La micro también tendrá novedades. Después de poner la mira en el pan lactal que, según el gobierno, “sigue caro” habrá un seguimiento para los valores de la leche a la que también tienen como objetivo. En alimentos y bebidas hay una estrategia caso por caso que estará más vinculada por desregular que por sumar controles. Además, la baja de diez puntos del Impuesto país se convertirá en realidad en los próximos días en los que la política ya cantó jaque y los economistas sueñan con decir mate.
