La UCR y Encuentro Federal proponen modificar la regla del déficit cero para que el Gobierno no pueda, de manera arbitraria, disponer de eventuales excedentes en la recaudación o recortar partidas claves en un año electoral
La regla fiscal que impone el déficit cero, sacralizada en el proyecto de ley de presupuesto 2025 que Javier Milei envió al Congreso, está en la mira de la oposición. Tanto dialoguistas como el sector más crítico entrevén que este corsé fiscal le permitiría al Gobierno un manejo discrecional del gasto, prerrogativa que no quieren otorgarle en un año electoral.
Milei pretende hacer del equilibrio fiscal una regla permanente. Así lo establece en el artículo primero del proyecto: allí se determina que, de ahora en más, el sector público nacional deberá obtener un resultado financiero equilibrado o superavitario y, en caso de que la recaudación prevista sea menor, los gastos deberán como mínimo recortarse en la misma proporción.
Salvo el kirchnerismo y la izquierda, nadie en la oposición discute el equilibrio en las cuentas públicas, pero tampoco quiere darle un cheque en blanco a Milei para que elija por dónde pasar la motosierra del ajuste si la recaudación cayera. Como el 70% del gasto es rígido (allí se incluyen las jubilaciones y pensiones, salarios públicos, intereses de la deuda y otras erogaciones), los opositores temen que, una vez más, las obras públicas y las transferencias a las provincias sean víctimas de un nuevo ajuste feroz.
La situación bien podría darse a la inversa, es decir, que la recaudación crezca más allá de las previsiones del Gobierno si la inflación es mayor al 18% presupuestado. Un porcentaje muy por debajo de las estimaciones del REM, relevadas por el Banco Central, y del FMI, que mantuvo en 45% su proyección para 2025.
De darse este caso, el Gobierno se haría de un excedente billonario que podría disponer de manera discrecional. Una práctica sistemática durante la era kirchnerista.
“Estamos de acuerdo con la regla del equilibrio fiscal, pero al artículo le falta contenido, una reglamentación sobre qué gastos se pueden reasignar”, advierte el diputado radical Lisandro Nieri, hombre del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y delegado del ala dialoguista de la UCR en las negociaciones con el Gobierno.
La contraparte oficialista tomó nota, pidió una redacción alternativa del artículo pero por ahora no acusa recibo. Al cabo de tres rondas de negociaciones los avances han sido magros. Las tratativas transitan en cámara lenta y el final de año se acerca; sin presupuesto sancionado para entonces, el Gobierno podrá prorrogar el vigente –que ya viene prorrogado– y, así, subir y bajar el gasto a discreción. A puro decreto.
Suspicacias y propuestas alternativas
Las suspicacias, alentadas desde la propia Casa Rosada, encienden luces de alerta no solo en la oposición, sino también entre los aliados de Pro.
“Nosotros ya tenemos nuestro dictamen de presupuesto listo. El oficialismo no podrá tener excusas para evitar el debate”, apuran Miguel Pichetto y Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal.
El proyecto de este bloque variopinto de opositores –allí confluyen el socialismo, Córdoba Federal y GEN– preserva el equilibrio fiscal que pregona Milei pero establece otras prioridades en el gasto: propone mejorar las jubilaciones (con la recomposición del 8,1% vetado por el presidente y la incorporación del bono de $70.000 en el haber); incrementar en un 17% el presupuesto universitario y automatizar las transferencias a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses que hayan superado las auditorías.
Ante eventuales discrecionalidades en el manejo del gasto, este bloque también propone modificar la regla del déficit cero: si la recaudación cae por debajo de lo previsto será el Congreso el que definirá el orden de los gastos a ser reducidos, plantea. “Si resulta mayor, el Gobierno deberá bajar impuestos, empezando por las retenciones”, desafía Massot.
Crítico acérrimo del oficialismo, el legislador cree que, más que reformar la regla fiscal, lo más efectivo para evitar discrecionalidades en el manejo del gasto es limitar el uso, por parte del Poder Ejecutivo, de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
“Si sancionáramos una ley en ese sentido, el Gobierno no podrá reasignar partidas ni subir ni bajar el gasto por decreto como viene haciendo hasta ahora”, insiste.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que avanza en esa línea está listo para ir al recinto de la Cámara de Diputados. Los votos estarían asegurados. La oposición solo debe resolver la fecha de la sesión especial: se estima que se realizaría antes del fin del año parlamentario (como se informa aparte).
El bloque de Pro –aliado al oficialismo– y el sector dialoguista de la UCR no disimulan su fastidio por el aguijoneo constante del bloque de Pichetto. “No le corresponde a la oposición presentar un presupuesto alternativo”, reprochan.
Ambos bloques también le reclamaron al Gobierno una mejora en las partidas para jubilados y universidades, pero son reacios a incorporar fuentes de financiamiento que no autorice el Ministerio de Economía. Apuestan, más bien, a encontrar una salida acordada con el Gobierno.
Sin embargo, las señales que recibieron hasta ahora de la contraparte oficialista no fueron positivas: el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en bajarle el pulgar a una mejora en las jubilaciones el año próximo, no solo por su impacto fiscal sino también porque sería un mensaje contrario al pregón de ajuste del gasto que celebran los mercados.
Los dialoguistas tampoco recibieron señales que aplaquen las ansiedades de los gobernadores, que reclaman que el presupuesto asegure el financiamiento de las cajas jubilatorias no transferidas a la Anses y de las obras públicas nacionales transferidas a las provincias. El jefe de gobierno porteño reclama, además, una cláusula que garantice que la Nación pagará el 2,95% de coparticipación a la ciudad.
“Son planteos razonables. Si no hay respuesta, no votamos el presupuesto”, avisan los macristas.
