.jpg)
La iniciativa, promovida por la UCR, fue aprobada con el voto de Unión por la Patria y otros bloques opositores; el bloque libertario votó en contra por el impacto en las arcas fiscales
Pese al rechazo del oficialismo, la oposición en la Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a un proyecto que procura garantizar el financiamiento de las universidades públicas, las cuales afrontan un fuerte recorte en su presupuesto desde que asumió el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, impulsada por la UCR, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar -cada dos meses y por inflación- los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva.
La iniciativa, que se giró al Senado, se aprobó en medio de las jornadas de paro que llevan adelante docentes y no docentes universitarios por la caída en el poder adquisitivo de sus ingresos que, según advirtieron, ronda el 45%. Sobre este punto, el proyecto instruye al Gobierno a recomponer el presupuesto salarial a partir del 1° de diciembre pasado hasta el mes de la sanción de la ley por el índice de inflación acumulada que informa el INDEC. Luego, la actualización deberá ser de manera mensual, también por inflación.
Esta recomposición salarial, empero, no se aplicará en el caso de que las paritarias del sector sean acordadas y rubricadas por las partes, reza el proyecto.
El debate en el recinto fue complejo, pues los bloques llegaron al recinto sin un dictamen acordado. El oficialismo, desde el arranque, anticipó que votaría en contra por el costo fiscal de la iniciativa. El primer dictamen que fue sometido a votación fue el de mayoría, impulsado por Unión por la Patria; el resultado fue negativo: solo obtuvo 90 votos afirmativos frente a 126 negativos.
El dictamen que finalmente prosperó fue el de la UCR, que obtuvo 143 votos positivos frente a 77 negativos y una abstención. Para vencer el rechazo del oficialismo, el kirchnerismo avaló la iniciativa radical, aunque votó en contra del artículo 7 de la iniciativa, que establece los criterios para la distribución entre las universidades públicas de los montos presupuestarios a ser incrementados por la ley, de ser aprobada por el Senado.
El dictamen del radicalismo establecía que el aporte del Estado para las instituciones universitarias se distribuirá en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución y el tipo de carrera ofrecida (grado y posgrado), las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que posean. Los diputados de Unión por la Patria, férreos defensores de las universidades de menor envergadura -que fueron de reciente creación, sobre todo las emplazadas en el conurbano bonaerense- votaron en contra.
Ese artículo establecía, también, que la autoridad de aplicación debe disponer mecanismos de seguimiento y evaluación del presupuesto de cada una de las universidades en función de los objetivos y metas acordadas entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La UCR incorporó este párrafo luego de que el Gobierno denunciara que las casas de altos estudios ejecutan sus respectivos presupuestos de manera opaca y sin control, un argumento que agita para descalificar las protestas de la comunidad universitaria por los recortes impartidos por el Gobierno.
Lo sugestivo es que, en este artículo, coincidieron en su voto de rechazo los bloques de Unión por la Patria y el oficialismo, con sus aliados de Pro.
La iniciativa establece, además, que la Auditoría General de la Nación (AGN) supervisará los presupuestos universitarios, a ser remitidos al Congreso. Por último, dispone la “ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.
El debate
El proyecto se aprobó tras un largo debate de madrugada, en el que oficialismo y oposición se trenzaron sobre las políticas educativas que lleva adelante el gobierno de Milei. Los opositores adviertieron que, con la llegada de la administración libertaria, los sueldos de los docentes y no docentes universitarios cayeron entre un 45 y un 50%; desde la vereda oficialista, el presidente de la Comisión de Presupuesto José Luis Espert replicó que, por el contrario, “no hay ningún ajuste en la educación superior”.
“Las transferencias totalizaron 1,4 billones de pesos el año pasado durante el Gobierno de Alberto Fernández, y el crédito de este año es de 3,0 billones; un 120% más, diez puntos por encima de la inflación que el Gobierno estima para 2024″, enfatizó Espert.
En el caso de los gastos de funcionamiento, el Gobierno, en acuerdo con el CIN, terminará dando un aumento del 270% durante el presente año, precisó Espert. “Más del doble de la inflación para 2024″, explicó. Respecto del presupuesto salarial, el legislador admitió que los sueldos en el sector están “retrasados respecto de otros trabajadores del Estado”, pero insistió en que está abierta la negociación entre las partes.
“Mal haríamos desde el Congreso en sancionar una ley que aborte el diálogo libre que se está desarrollando”, dijo”, sostuvo.
Desde el radicalismo, la diputada Danya Tavella, autora de la iniciativa finalmente aprobada, advirtió que el Congreso “llega tarde y mal” para resolver el problema suscitado entre las universidades y el gobierno nacional.
“Tuvimos una marcha el 23 de abril, hicimos proyectos, los discutimos y finalmente termina el proceso a medio resolverse y estallando el conflicto salarial en el inicio del segundo cuatrimestre. Entonces nos tenemos que sentar a discutir la actualización de los gastos de funcionamiento agregando la discusión de los salarios de los docentes y no docentes universitarios. No solo pierden contra la inflación, pierden contra los aumentos que les han otorgado a todos los empleados estatales”, reprochó.
“Les están faltando el respeto a los docentes y no docentes porque no los convocan a la paritaria -insistió-. Creo en la institución de la paritaria y estoy convencida de que ese es el camino para resolver los problemas salariales. Pero si nadie escucha, este Congreso tiene que hacer que esa voz se escuche. Por lo tanto, al dictamen de minoría le estamos incorporando la actualización desde diciembre de 2023 a la actualidad para los salarios docentes y no docentes universitarios, de manera subsidiaria a la celebración de la paritaria”.
