El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) le otorgó a Vicuña el certificado para construir la infraestructura de alta tensión que necesita para operar sus yacimientos de cobre en la cordillera sanjuanina; la resolución rechazó los reclamos de San Juan, La Rioja y otras mineras de la región
Después de meses de disputa, la empresa minera Vicuña obtuvo hoy el visto bueno del ente nacional de electricidad **para construir su propia infraestructura de alta tensión en San Juan**, un paso clave para avanzar con el desarrollo del proyecto que apunta a convertirse en la mayor inversión extranjera de la historia argentina. Necesitaba ese permiso para avanzar con el abastecimiento eléctrico de sus futuros campamentos y plantas de proceso de cobre, **ubicados a más de 4200 metros de altura.**
Vicuña es la empresa conjunta entre la **canadiense Lundin Mining y la australiana BHP**, una de la compañías mineras más grandes del mundo. El mes pasado, el Ministerio de Economía le aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla **una inversión inicial estimada en US$9700 millones, que podría escalar hasta US$18.000 millones** en las distintas etapas de desarrollo.
Sin embargo, **todavía faltaba destrabar un conflicto regulatorio.** La empresa obtuvo el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) de parte del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) —el organismo que fusiona al ex ENRE y al Enargas—. La disputa comenzó cuando el ente regulador de San Juan, el gobierno de La Rioja y otras mineras que operan en la zona —Los Azules, de McEwen Copper; Barrick; Golden Mining, titular del proyecto Hualilán, y Casposo— **se opusieron a que Vicuña obtenga prioridad de uso por 25 años sobre el 90% de la capacidad remanente de una línea de alta tensión.**
El eje de la disputa era la línea de 132 kV **Nueva San Juan-Rodeo**, ya construida con aportes de esas empresas y de fondos provinciales. **Vicuña propuso financiar la ampliación de esa línea a 500 kV. **
Bajo el esquema que habilitó la Ley Bases y la resolución 311 de la Secretaría de Energía, **quien financia una ampliación del sistema de transporte obtiene prioridad sobre la capacidad incremental que esa obra genera.**
Vicuña había solicitado esa prioridad para **garantizar el abastecimiento eléctrico del depósito Josemaría**, cuya demanda inicial es de 260 MW y escalará a 400 MW y luego a 700 MW.
La disputa se inició porque hay **otros proyectos más demorados en su desarrollo que también querían utilizar esa línea de alta tensión**, como es el caso de Los Azules, de McEwen Copper.
En su resolución, el Enrege rechazó los principales planteos de las provincias y de las mineras opositoras. **Sostuvo que las líneas de alta tensión son de jurisdicción federal y que ninguna normativa provincial **—incluida la ley sanjuanina 1181-A, que reservaba potencia para otras mineras aportantes— puede limitar el libre acceso que establece la ley nacional 24.065. Citó los fallos de la Corte Suprema “Transener c/Provincia de Neuquén” y “Central Puerto S.A.” para sostener que el sistema de transporte eléctrico es indivisible y de competencia nacional.** También descartó el pedido de La Rioja de que Vicuña financie obras adicionales para garantizar una futura interconexión con esa provincia**.
“Esta resolución destraba la inversión total de Vicuña, de más de US$9000 millones, que** va a generar más de 30.000 puestos de trabajo y US$3270 millones anuales de impacto positivo en la balanza comercial**. Esta obra posiciona a la Argentina como jugador global del cobre, trae desarrollo real a San Juan y consolida el rumbo abierto por la Ley Bases y el RIGI”, dijeron fuentes oficiales a **LA NACION.**
Las obras en cuestión contemplan la ampliación de las estaciones transformadoras (ET) Nueva San Juan y Rodeo; una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro, de 167 kilómetros; la construcción de la nueva ET Chaparro y una línea de 220 kV entre Chaparro y la futura ET Josemaría, de 93 kilómetros. **Las obras, financiadas en su totalidad por Vicuña, demandarán una inversión estimada de entre US$400 millones y US$500 millones.**
Sin costo para los usuarios
Según el comunicado de la compañía, todas las obras serán financiadas íntegramente por Vicuña, sin trasladar costos a los usuarios del sistema eléctrico. Una vez terminada, **la infraestructura pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)** y será administrada por el concesionario del transporte de alta tensión.
“La obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, **constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan** y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”, dijo José Morea, *country director *de Vicuña, según el comunicado.
La resolución no fue acompañada por el EPRE San Juan, que** había pedido limitar el acceso de Vicuña a 260 MW y crear un comité de seguimiento tripartito para las obras. **El Enrege sostuvo que no le corresponde a la autoridad provincial coadministrar el sistema de transporte nacional, aunque la compañía mantiene, en paralelo, conversaciones con el EPRE y el Gobierno provincial para acordar el reconocimiento de inversiones sobre infraestructura eléctrica preexistente.
La deuda de décadas
El trasfondo del conflicto es más viejo que cualquiera de los proyectos en disputa. **La Argentina lleva décadas sin invertir en líneas de transporte eléctrico de alta tensión. **Ese déficit acumulado, que frenó el ingreso de energía renovable al sistema y encareció la operación de grandes industrias, hoy se convierte en el **principal cuello de botella para el desarrollo minero.**
“La expansión del sistema eléctrico de transporte ha sido insuficiente en las últimas décadas. **El crecimiento de actividades mineras de gran escala volvió a poner en evidencia esas limitaciones**”, había dicho Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, durante la audiencia pública que se llevó adelante el mes pasado.
**El gobierno de Javier Milei no tiene margen fiscal para financiar obras de infraestructura eléctrica.** La solución que encontró fue regulatoria. A través de la Ley Bases, el decreto 450 y la resolución 311 de la Secretaría de Energía, habilitó a las empresas privadas a financiar ampliaciones de la red y, a cambio, **obtener prioridad de uso sobre la capacidad adicional generada**. La lógica es que, sin ese incentivo, esas obras no se ejecutarían. **El caso Vicuña es el primero en poner a prueba ese esquema en el sector minero.**