Energía había descartado semanas atrás una propuesta para privatizar el manejo del GNL por considerarla costosa, pero Enarsa terminó aplicando un cargo 47% superior al valor usado como referencia; ahora analizan mecanismos para amortiguar el impacto sobre el sistema
l Gobierno enfrenta un traspié en una de las decisiones energéticas más sensibles del invierno: rechazó una propuesta privada para importar gas natural licuado (GNL) por considerarla cara y semanas después la empresa pública encargada del proceso terminó aplicando un costo 47% superior al utilizado originalmente como referencia. Esa situación generó malestar interno y ahora obliga convalidadar un mayor traslado a las tarifas.
Durante los meses más fríos, la producción local no alcanza para cubrir toda la demanda y la Argentina debe importar GNL en barcos para abastecer a industrias, distribuidoras y centrales térmicas. La mayor parte de ese combustible se usa en usinas eléctricas y en la producción manufacturera, que enfrentan costos mucho más altos que los del gas doméstico.
Semanas atrás, la Secretaría de Energía decidió no avanzar con una propuesta de la española Naturgy para encargarse de la importación y comercialización del GNL durante el invierno. La oferta contemplaba un esquema integral con un costo de US$4,51 por millón de BTU, valor que el Gobierno consideró demasiado elevado.
La decisión se tomó utilizando como referencia una estimación previa de Enarsa —la empresa pública que administra la provisión de gas desde hace dos décadas—, que había calculado en torno a US$3,50 por millón de BTU el costo asociado a la regasificación, logística y entrega del combustible importado.
Pero en la subasta realizada la semana pasada en el Mercado Electrónico del Gas (Megsa), la propia Enarsa terminó fijando ese componente en US$5,16 por millón de BTU, un valor 47% superior al utilizado originalmente como referencia y que además se suma al precio internacional del GNL, ya encarecido por la guerra en Medio Oriente.
Como ese cargo se agrega al valor internacional del combustible, cualquier variación impacta directamente sobre el costo final del gas importado que utiliza el sistema energético durante el invierno.
El episodio dejó expuesto al Gobierno: rechazó avanzar con una privatización por considerarla costosa y terminó enfrentando un cargo todavía más alto bajo gestión estatal.
El malestar dentro del área energética apuntó principalmente a Enarsa, la empresa presidida por Tristán Socas, por cómo manejó el cálculo y la comunicación del nuevo costo de regasificación. Se trata de un funcionario que responde a Santiago Caputo.
“La realidad es que hace 20 días Enarsa pasó una nota a la Secretaría de Energía diciendo que el costo era uno. Nosotros tomamos la decisión de no avanzar con la privatización porque era más cara. Pero ahora Enarsa hizo la licitación y el sobrecosto era mayor al que habían pasado inicialmente”, explicó a LA NACION una fuente oficial al tanto del proceso.
En la Secretaría Coordinadora de Energía y Minería, que tiene al frente a Daniel González, sostienen que la referencia utilizada inicialmente terminó subestimando el costo final del esquema.
En paralelo, el Gobierno por ahora no tiene previsto mecanismos para diferir parte del sobrecosto del GNL importado y evitar que el impacto llegue de golpe a tarifas y subsidios. Un cambio respecto al esquema que Economía ya definió para trasladar el mayor costo del gas residencial a las facturas después del invierno.
El objetivo oficial es “aplanar” el impacto del GNL durante los meses de mayor consumo. En los hechos, eso implica una mayor intervención estatal para contener el costo de una estrategia que originalmente buscaba avanzar hacia un esquema más orientado al mercado.
Las importaciones previstas para este invierno podrían superar los US$1000 millones, según estimaciones privadas. El mercado calcula que la Argentina necesitará entre 23 y 25 barcos durante la temporada de mayor consumo, con costos superiores a los US$40 millones por cargamento.
En paralelo, el Estado podría terminar financiando entre US$150 millones y US$200 millones para abastecer más barato a hogares, hospitales y escuelas, montos que luego serían recuperados gradualmente a través de las facturas.
Fuentes privadas estiman, además, que el diferencial entre el costo inicialmente informado por Enarsa y el finalmente aplicado en la subasta podría implicar un sobrecosto de varias decenas de millones de dólares solo para los cargamentos involucrados en junio. El tema fue adelantado días atrás por el portal especializado EconoJournal.
La controversia escaló después de que la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) enviara una carta a la Secretaría de Energía cuestionando el incremento comunicado horas antes de la subasta y reclamando explicaciones técnicas. La entidad advirtió que las industrias terminarán absorbiendo parte del mayor costo del gas importado.
“El costo de USD 5,16/MMBTU supera en un 47% el spread mínimo de USD 3,50/MMBTU que el propio pliego de la subasta establecía como costo de referencia del servicio de regasificación”, sostuvo la cámara empresaria.
La situación refleja las dificultades que enfrenta el Gobierno para avanzar hacia un mercado energético más desregulado en medio de un invierno atravesado por volatilidad internacional, presión sobre subsidios y sensibilidad tarifaria.