Al declarar inconstitucionales dos artículos del megadecreto 70/2023 firmado por Javier Milei al comienzo de su mandato, la Corte Suprema añadió un nuevo caso a la corta lista de fallos que invalidaron, total o parcialmente, decretos del Poder Ejecutivo.
Desde la reforma constitucional de 1994 hasta fines de 2025 se firmaron más de 970 decretos de necesidad y urgencia y en apenas 18 ocasiones la Corte Suprema declaró inconstitucional su contenido, de acuerdo a un relevamiento elaborado por Gustavo Arballo, doctor en Derecho y constitucionalista, publicado en agosto en el medio La Crítica del Derecho y actualizado a partir de la nueva resolución.
Para el experto, este y otros factores, como el de control parlamentario que exige el rechazo de ambas Cámaras para dejar sin efecto un DNU, configuran un escenario que termina funcionando como un “estímulo” para que los presidentes recurran a esta herramienta. “El sistema no solo normaliza, sino estimula una vía que debiera ser muy restrictiva”, señala el autor del trabajo.

Otros datos de la investigación ayudan a poner en contexto la decisión de la Corte. Hasta este jueves, Milei podía jactarse, junto a Cristina Kirchner, de la vigencia de todos sus decretos. Ahora, esa condición -por el momento- la ostenta en soledad la expresidenta, que fue quien más tiempo estuvo al frente del Ejecutivo desde la reforma constitucional.
A favor de Milei jugaba el tiempo: la historia reciente muestra que la Corte tarda, por lo general, varios años en declarar inconstitucional un DNU. Según el relevamiento de Arballo, la mediana de tiempo transcurrido entre la firma de los decretos y los fallos que los invalidaron fue de 48 meses, el equivalente a un mandato presidencial completo. Esa demora es otro de los factores que, según el especialista, contribuyen a que el sistema aliente implícitamente el uso de los DNU.

En el caso del megadecreto de Milei, firmado en diciembre de 2023, transcurrieron casi tres años. Durante ese tiempo, la norma siguió vigente, pese a que el Senado la había rechazado en marzo de 2024.
Con la resolución del alto tribunal, Milei pasó a integrar el grupo de los cinco presidentes que recibieron ese revés judicial mientras todavía estaban en el poder. Los otros cuatro son Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández.
El decreto que más rápidamente recibió un revés de la Corte fue uno de Alberto Fernández. En mayo de 2021, apenas 19 días después de que el entonces presidente suspendiera por esa vía las clases presenciales durante la pandemia, el máximo tribunal declaró que esa decisión había violado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
Del otro lado de este registro figura un decreto de Menem sobre aportes previsionales de la Gendarmería, que fue invalidado en octubre de 2021, 24 años después de su firma.
“Si uno mira la actuación en general de la Corte frente a los DNU, se advierte una extraña combinación, de una retórica de fuerte control, combinada con una práctica en donde la reacción judicial deja mucho margen al Poder Ejecutivo: la Corte ha dictado pocas invalidaciones y, salvo excepciones, lo ha hecho tomándose sus tiempos, convirtiendo en estadísticamente raro el caso en el que un decreto se declara inconstitucional dentro de la propia gestión presidencial”, valora Arballo.
La resolución
El reciente fallo de la Corte apunta únicamente contra dos artículos del DNU 70/2023, una de las principales herramientas utilizadas por Milei para impulsar programas de reformas económicas. Se trata de las disposiciones que eliminaron las facultades del Estado para controlar los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
Sin embargo, el razonamiento utilizado por la Corte, señalan Arballo y otros especialistas, podría proyectarse sobre otros aspectos del megadecreto, aunque el tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre la validez del resto de sus disposiciones.
“En ‘Bobbio’ la Corte reafirma las pautas fijadas en ‘Cencosud’ y suma criterios importantes, sobre todo frente a un DNU anómalo y ómnibus como lo es el DNU 70/23”, sostiene el autor. Según explica, el alto tribunal consideró que invocar una crisis en el sistema de salud y la necesidad de mejorar la competitividad de las prepagas era una afirmación genérica, insuficiente para justificar el uso de una herramienta legislativa excepcional”, destaca la constitucionalista Lorena González Tocci.

Los llamados decretos “ómnibus”, señala, constituyen “una modalidad de abuso del derecho” porque reúnen una gran cantidad de reformas sobre materias que no guardan relación entre sí y modifican o derogan numerosas leyes.
“Ese es solo un hecho, fácilmente comprobable, que demuestra que no había ni necesidad ni urgencia en dictarlos, dado que supone que estuvieron precedidos de un profundo estudio de esa legislación, con lo cual, esa tarea bien podría haberla hecho el Congreso, depositario natural de la función legislativa”, advierte.
De ahí la importancia que le atribuye al fallo de la Corte Suprema: “No bastan invocaciones genéricas de crisis o emergencia, y debe existir una conexión concreta entre la urgencia alegada y cada medida adoptada”, remarca sobre la decisión de la Corte.


