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A través de la Resolución 3/2024, insta a quienes cumplan los requisitos que comiencen el trámite en un plazo máximo de 30 días; la medida deja afuera a quienes trabajan en las empresas y sociedades del Estado, aunque sugiere que se acojan a la iniciativa.
En línea con el plan de reducción del Estado, el Ministerio de Desregulación y Transformación encabezado por Federico Sturzenegger intima a que los empleados públicos que cumplan con los requisitos de edad inicien los trámites de jubilación en un plazo máximo de 30 días. La medida, plasmada en la Resolución 3/2024 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, apunta a “optimizar los recursos” del sector estatal.
De acuerdo al artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241, las personas que tendrán que iniciar el proceso serán los “hombres que hubieran cumplido 65 años de edad y las mujeres que hubieran cumplido 60 años de edad”. Las mujeres, no obstante, poseen la opción de permanencia en servicios hasta los 65 años. Entre los requisitos también se estipula acreditar 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
Entre los argumentos de la iniciativa, impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, se hace alusión a que la Ley Bases declaró “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año” y facultó al Poder Ejecutivo “a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
Si bien no están bajo el alcance de la normativa, en el articulado recomiendan “implementar la presente medida a las entidades previstas en el inciso “b” del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”, entre las que se cuentan a “Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
En este contexto, el personal afectado por esta disposición deberá acogerse a la jubilación, aunque está prevista una excepción para aquellas personas que ocupan cargos ejecutivos de nivel Coordinador, así como para “los titulares de cargos equivalentes en las estructuras orgánico funcionales vigentes, cualquiera fuera el régimen laboral y convencional aplicable al personal de cada Jurisdicción y Entidad”.
Con esta resolución, además, facultan a las autoridades de rango no inferior a Secretario o equivalente de las Jurisdicciones u organismos descentralizados a solicitar autorización excepcional al cumplimiento de lo allí establecido por el plazo prorrogable de meses, contados a partir de su otorgamiento, “para aquellos agentes de Planta Permanente cuya continuidad se requiera por razones de servicio debidamente fundadas en una necesidad estratégica para el normal funcionamiento del área”.
Según el texto normativo, el responsable de las unidades a cargo de las acciones de personal de cada jurisdicción u organismo descentralizado “deberá reportar a la Oficina Nacional de Empleo Público dentro de los cinco días hábiles posterior a la intimación “con el fin de asegurar un seguimiento adecuado”.
La reacción de Aguiar
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, fustigó la resolución del Gobierno y cargó contra el Presidente y sus funcionarios. “Quienes tendrían que jubilarse son Javier Milei, [el ministro de Economía], Luis Caputo; y [el ministro de Desregulación y Transformación] Federico Sturzenegger, y nos harían un gran favor a toda la sociedad”, escribió.
Sobre la publicación en el Boletín Oficial, el sindicalista dijo que “como sucede en el 99% de los anuncios y medidas que realiza el Gobierno, ya existía con anterioridad”. “Es una estrategia de anuncios efectistas que cada vez les funciona menos”, marcó y subrayó: “Esta resolución cambia muy poco el procedimiento actual y tiene un impacto casi nulo a la hora de continuar con el pretendido recorte de la planta funcional del Estado”.
