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Ante el veto total de Milei, la UCR propone insistir solo en la recomposición del 8,1% de los haberes; también se analiza que el tema pase a comisión; rechazo de Unión por la Patria
La foto que retrató a cinco diputados del radicalismo junto al presidente Javier Milei en la Casa Rosada tuvo el efecto de una bomba expansiva sobre los bloques de la oposición que convocaron a una sesión especial mañana, en la Cámara de Diputados, para rebatir el veto presidencial sobre la ley jubilatoria. Ante el riesgo cierto de no conseguir los dos tercios de los votos para insistir en la norma, los opositores evalúan distintas alternativas para evitar una derrota en manos del oficialismo y sus aliados, entre los que se incluye al menos una media docena de radicales.
En las vísperas de la sesión, convocada para las 11, la Cámara de Diputados es un virtual hervidero. Tras haber metido una cuña en el bloque de la UCR, los libertarios exudan confianza y descuentan que, con el apoyo de Pro y de los bloques que orbitan alrededor del oficialismo alcanzarán las 86 voluntades que conforman el tercio del cuerpo para bloquear el intento opositor. Toda una demostración de fuerza que el Gobierno pretende exhibir como un trofeo de caza frente a sus adversarios en el Congreso.
En las filas opositoras el ánimo oscilaba entre la resignación y la esperanza de sacar de la galera algún artilugio de último momento que les evite una derrota en el recinto. Hasta esta noche, sin embargo, no había acuerdo entre los bloques sobre qué alternativa adoptar si los números seguían esquivos. Durante la jornada se analizaron distintas alternativas. Desde Encuentro Federal y también desde la UCR surgió la idea de que el tema pase a las comisiones de Previsión y de Presupuesto para ganar tiempo y esperar un momento más propicio para insistir con la ley.
Esta estrategia exige presteza y coordinación entre los opositores para no dar pasos en falso, admiten sus ideólogos. Cuando el secretario parlamentario someta a votación la insistencia de la ley jubilatoria (para lo cual se necesitarían los dos tercios de los votos), algún diputado de la oposición propondría que se la trate, pero artículo por artículo. Si el oficialismo no acepta esta propuesta, el veto debería remitirse a las comisiones correspondientes, sostienen.
“Evitaríamos una derrota en el recinto y patearíamos para adelante la insistencia de la ley. Hoy no tenemos los votos: si perdemos ahora, los jubilados se quedan sin nada porque la Constitución nos impide volver a insistir en lo que queda del año parlamentario”, esgrimen los promotores de esta “retirada táctica”.
Plan B: insistencia parcial al veto total
Desde las usinas radicales, en tanto, se insistía con la propuesta de una insistencia parcial al veto total; una salida “sui generis” que, sostienen, cosecharía los dos tercios de los votos pues se sumaría un abanico más amplio de diputados hoy dudosos. Esta estrategia, sin embargo, tiene dos inconvenientes. Uno de ellos es que solo hay un antecedente parlamentario de una insistencia parcial a un veto total, lo cual es pasible de ser rebatido jurídicamente.
“Es una chantada”, descalificó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Aquí está el segundo inconveniente: sin los votos del kirchnerismo, esta propuesta no tiene posibilidades de prosperar.
Esta solución intermedia que pregonan los radicales se basa en insistir solo en dos artículos: aquel que establece la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno y el que ratifica la actualización de los haberes por inflación, tal como dispuso el presidente Milei por decreto. Sería una réplica del dictamen que el propio oficialismo promovió en el Senado, aunque no prosperó.
Los radicales proponen mantener, en cambio, el veto en el resto de la normativa que, según denunció el Gobierno, atenta contra el equilibrio fiscal. Uno de los artículos más resistidos es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas.
Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso equivale a 1,2% del PBI en 2025. Con estos números en la mano, Milei impuso el veto total. El radicalismo pretende salvar, al menos, la recomposición del 8,1% de los haberes, lo que implicaría un tercio de ese esfuerzo fiscal, el 0,4% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Esta idea, si bien resistida en Unión por la Patria –el bloque más numeroso de la Cámara, con 99 miembros-, al menos permitía unir filas anoche en el radicalismo tras el garrotazo que sufrió por la deserción de cinco diputados radicales que anticiparon que jugarán con el oficialismo para mantener el veto. Ellos son Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi, aunque a ellos se sumarían al menos otros cinco legisladores que, por convicción o conveniencia electoral, no están dispuestos a ir al choque contra el Gobierno.
“En cambio, si se avanzara en una insistencia parcial, estaríamos dispuestos a considerarlo”, admitían. Por de pronto, lo único seguro es que mañana habrá quorum en el recinto. Todo lo demás queda librado a las negociaciones de último momento. El suspenso se estirará incluso una vez iniciada la sesión. Todo puede suceder.
