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El oficialismo pretende anotarse un triunfo para matizar el inminente rechazo del DNU que aumentó los fondos para la SIDE y la sanción del financiamiento universitario; el viraje de la UCR
En una semana que se preanuncia compleja, el Gobierno apuesta a mostrar en el Senado algo más que solo derrotas. Con muchas dificultades, busca a avanzar en la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) para las próximas elecciones nacionales y apuesta a matizar, con ello, dos inminentes fracasos. Se trata del rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656 que aumentó los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) así como de la sanción del proyecto que garantizará el presupuesto para las universidades, que Javier Milei anticipó que vetará.
La titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, logró postergar una semana la sesión que tratará estos tres temas para, en ese plazo, reunir los 37 votos que le den luz verde a la iniciativa que consolide la BUP. No obstante, esos avales todavía están en duda por un viraje de último momento de una porción del radicalismo. Por tratarse de una ley electoral, la Constitución Nacional exige una mayoría especial de la mitad más uno del total de miembros del cuerpo para su aprobación y para ello es crucial que todo el bloque UCR apoye sin fisuras.
La reforma electoral impulsada por el Gobierno apunta a eliminar la actual papeleta partidaria –que distribuye y cuida cada espacio político– para adoptar una única boleta que aglutine toda la oferta electoral. Esta modificación del sistema tiene un gran simbolismo para la Casa Rosada. No solo ataca las prácticas clientelares y el negocio de la impresión de boletas, sino que también garantiza el derecho de elegir y ser elegido sin la necesidad de una estructura robusta de fiscales, algo que en la última elección le costó a los libertarios un pacto con el sindicalista Luis Barrionuevo en las PASO y con Pro en el balotaje.
La implementación de la BUP es una meta que al Gobierno se le escurre desde principios de año. Para destrabar esta discusión, La Libertad Avanza concedió modificaciones que devolverán la iniciativa a Diputados y dilatará su sanción definitiva. Incluyeron el pedido de la senadora Mónica Silva, ligada al mandatario provincial Alberto Weretilneck (Río Negro), de eliminar el casillero que permite votar la lista partidaria completa.
Silva sostuvo durante la discusión en comisión que esta opción podría generar confusión y derivar en una anulación del voto si el elector tildar este casillero “global” y, a la vez, los recuadros de las distintas categorías. Sin ese casillero de voto completo para una lista, se neutralizaría casi por completo el “efecto arrastre” propio de la actual boleta partidaria. La forma en que se diseña la boleta única en caso de simultaneidad electoral es otro de los puntos a modificar. Se plantea que en caso de concurrencia de los comicios, se oficializará una boleta para cargos nacionales, otra para los provinciales y, de corresponder, municipales.
Pese a estos consensos, ahora el oficialismo lidia con la posición de algunos referentes de la UCR que se rehúsan a acompañar el proyecto. La principal oposición la esbozó el senador Eduardo Vischi, de Corrientes, alineado con el gobernador Gustavo Valdés. En Corrientes rige un sistema por el que múltiples partidos pueden presentar, a través de una papeleta partidaria propia, la misma oferta de candidatos. Es decir, bajo la alianza oficialista, el sucesor de Valdés podría figurar en una treintena de boletas partidarias y ganar terreno por el peso de la estructura de su espacio.
La boleta única, si se sanciona a nivel nacional, no modificaría el sistema electoral que rige en la provincia para la elección de sus autoridades, pero enviaría un mensaje político diametralmente opuesto. De hecho, el titular de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, junto a otros legisladores que tomaron distancia de Valdés, impulsan la discusión por la boleta única a nivel local.
A la complejidad de desbaratar este sistema, para Valdés –que no tiene reelección– se suma la necesidad de construir un discípulo que resulte conocido en un contexto político adverso: su espacio perdió una significativa porción de adhesiones por la falta de resultados frente al caso de Loan Peña, el niño desaparecido hace ya casi tres meses.
“No tienen margen para votar en contra”, señalan sobre los correntinos otros referentes del radicalismo, que aseguran que el resto del bloque aprueba la reforma electoral impulsada por el Gobierno. Consideran que, pese al golpe que podría suponer para Valdés, sería difícil que los dos aliados de Valdés, Vischi y Mercedes Valenzuela, asuman el costo político de quedar como los obstaculizadores del objetivo de los libertarios, junto al kirchnerismo.
Para sorpresa de muchos, existen otros cuestionamientos al actual proyecto de BUP dentro de la bancada radical. Un puñado no ve con buenos ojos la eliminación del casillero que permite votar la lista completa de un partido no solo porque consideran que es beneficioso para el elector, sino que especulan con que puede haber mucho voto en blanco para las categorías subnacionales. Temen que el votante considere que con la selección de la opción nacional se derrame hacia el resto y no tilde el resto de las cajas. Argumentan que en Mendoza, una de las provincias que se implementó este sistema, el 85% optó por la opción de lista completa en la última elección.
Frente a este complejo escenario, el oficialismo tendrá tiempo hasta el jueves para acercar posiciones con esta porción de radicales que volvió a empantanar la reforma electoral. Quienes conocen los pliegues de este debate aseguran que no habrá definiciones hasta el miércoles, donde es probable que también se cuele la conversación para saldar la deuda previsional que el Estado nacional mantiene con 13 provincias, entre las que se encuentra Corrientes. El veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, donde se fija un plazo para que el Poder Ejecutivo liquide estos pasivos, erosiona la ya muy intrincada conversación política en otros frentes.
