La mayoría de las gobernaciones no adhirieron aún a la exteriorización y eso complica algunas operaciones, sobre todo aquellas en pesos; allí aparecen costos ocultos
La ALyC recibió un mensaje de un cliente que ya estaba arrepentido por lo que había hecho. Contaba a quien se encargaba de sus inversiones que había ido a depositar pesos en negro en una cuenta especial abierta para blanquear su dinero. “Al segundo, le retuvieron 3% de ingresos brutos”, dijo.
Esta situación comenzó a multiplicarse entre quienes piensan en ingresar a la principal apuesta del Gobierno: el régimen de regularización de activos. Pero entre quienes lo hacen en pesos y no en dólares, donde está el foco oficial. A pesar de que fue vendido como “gratuito” para quienes quieran blanquear menos de US$100.000 o dejen depositados sus billetes hasta fines de 2025 en una cuenta especial, ese costo oculto aparece. Y no es un costo menor. Puede ser de más de la mitad de la alícuota de 5% sobre el excedente de los US$100.000 en la primera etapa del blanqueo, que llega hasta el 30 de noviembre.
Este inconveniente no sólo podría afectar parcialmente el éxito de una herramienta fundamental para una economía en crisis creada por el ministro Luis Caputo, sino que, además, transcurre en una escena plagada de batallas políticas encabezadas por el gobierno de Javier Milei y los distritos donde están los mayores contribuyentes, entre ellos, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.
La historia es la siguiente y se construyó de esta manera. El artículo 42 del paquete fiscal aprobado meses atrás rezaba: “Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones”.
Lo cierto es que, hasta la fecha, sólo Neuquén y Córdoba adhirieron. La provincia de Buenos Aires, que lidera Axel Kicillof, y la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, no lo hicieron aún. En el primer caso, se trata de un opositor acérrimo al Gobierno. En el segundo, de un distrito en tensión con el oficialismo nacional por los fondos coparticipables, entre otros focos. Vale la aclaración: el resto de los distritos, que suelen usar estas cartas como instrumentos de negociación, tampoco lo aprobaron.
Sin adhesión en los principales distritos en los que se mueven los grandes contribuyentes, algunos depósitos en pesos en una cuenta especial para el blanqueo sufre automáticamente una retención de un porcentaje –variable- por Ingresos Brutos. Los municipios también deberían adherir, por lo que existe la posibilidad de que una compañía que decida blanquear su patrimonio quede a merced de un cobro extra por la tasa de higiene y limpieza si los intendentes no avanzan en sumarse a la apuesta del Gobierno.
Más precisamente, si un contribuyente quiere blanquear y se encuentra en el padrón del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) -régimen de retenciones sobre acreditaciones bancarias del Impuesto sobre los Ingresos Brutos-, automáticamente el banco tiene la obligación de “chupar” parte del depósito. La entidad financiera no tiene la posibilidad de no hacerlo, ya que la provincia no está adherida al blanqueo (ingresos brutos es un impuesto provincial) y no existe, como con el blanqueo de Mauricio Macri, una contraorden del Banco Central (BCRA).
Roces políticos
Algunas versiones indican que en la Ciudad de Buenos Aires existe un borrador para la adhesión al blanqueo, pero no vería la luz hasta que haya acuerdo por la coparticipación. Ese borrador, contaron dos expertos que tuvieron acceso, tiene también una moratoria.
“Son discusiones distintas”, se excusaron fuentes de la Ciudad cuando se los consultó. Agregaron que van a sumarse y “sin cobrar ingresos brutos”, pero no pusieron fecha precisa todavía.
Otras fuentes del gobierno porteño explicaron, en tanto, que no se está gravando al blanqueo, aunque sí confirmaron que, al no estar adheridos a la exteriorización, se retiene sobre cualquier ingreso en una cuenta bancaria relacionada a una actividad comercial inscripta en ingresos brutos. “Para la adhesión, hay tiempo. Está en análisis a nivel político”, explicaron esas fuentes.
LA NACION también consultó al al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Economía, pero hasta el momento no tuvo respuesta de esas dependencias.
En ARBA confirmaron que, de acuerdo a lo definido por la comisión arbitral para los impuestos provinciales, se están practicando las retenciones por ingresos brutos en las cuentas en pesos, advirtieron que la adhesión es una decisión de la autoridad máxima de la política de la provincia (Kicillof) y recordaron que la retención es igualmente un pago “a cuenta” del impuesto.
Sobre esto último, vale recordar que la cantidad de regímenes cruzados de percepciones, retenciones y anticipos logró que las agencias de recaudación en el país abandonaran, por ejemplo, las fiscalizaciones para recostarse en esas herramientas pasivas pero polémicas frente al contribuyente y a la inflación.
Los saldos suelen terminar a favor del contribuyente y por mucho, lo que implica un financiamiento a tasa cero para los fiscos (gobiernos provinciales). En abril pasado, la Unión Industrial Argentina (UIA) realizó una encuesta a más de 100 empresas en la que detectó que los saldos a favor de ingresos brutos que las provincias le deben a las firmas alcanza montos equivalentes a los $54.000 millones mientras que el 57% de estos saldos se generan en jurisdicciones en las que las compañías ni siquiera tienen establecimientos.
“Generalmente, lo que deben de saldo a favor son dos años de recaudación. Es una locura. Es plata que le ‘chorean’ al contribuyente y son saldos irrecuperables. Encima se van licuando. Se los roban directamente con un régimen de recaudación anticipada”, contó un tributaristas que prefirió el anonimato esta vez.
Qué dicen los expertos
“No pagás el 5% nacional, pero te cobran el 3% provincial. Puede cambiar la ecuación financiera de quien decide entrar al blanqueo”, afirmó Martín Caranta, socio de Lisicki, Litvin y Asoc.
“Hay una anarquía fiscal. El Estado tiene una ley y las provincias no. Genera una inseguridad jurídica muy grande”, agregó y recordó que el impuesto del blanqueo se coparticipa entre las provincias. “Si el blanqueo tiene menos éxito por esto, es un problema para todos”, explicó.
“El tema de la recaudación de ingresos brutos o de impuestos provinciales y tasas municipales puede complicar a la gente, que quizás no entre al blanqueo porque si le aplican ingresos brutos es un costo alto”, dijo el experto Sebastián Domínguez. “Se entiende que es más común que los ajustes de ingresos brutos se lo hagan a las empresas y no a personas humanas que blanqueen, pero ahí dependerá de la actividad de la persona humana”, agregó el especialista en impuestos.
“Es un problema”, coincidió el abogado Diego Fraga. “A nivel provincial y de la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de regímenes de retención y percepción, sobre todo el Sircreb, que, en la medida en que el contribuyente esté dentro de esos padrones, les pueden aplicar las retenciones en cuentas bancarias. La ley de blanqueo lo que hace es eximir del impuesto sobre los débitos y créditos [al cheque], pero con las provincias, como no puede hacer nada, entonces lo que hace es invitarlas a adherir”, afirmó el especialista.
Fraga recordó que en el blanqueo que ofreció Macri, para evitar estas situaciones que “atentan en contra del blanqueo”, se publicó una normativa del Banco Central que prohibía a los bancos hacer este tipo de retenciones y percepciones en las cuentas especiales para la exteriorización.
“Es un problema muy importante al que no le dieron la debida importancia”, agregó. “Imaginate una persona que piensa que va a blanquear gratis y de golpe las retienen 2,5%. Es una barbaridad”, concluyó.
