El famoso decreto de 2021, que implicó la concentración de los seguros estatales en la empresa pública, contenía una normativa que establecía en qué casos podía participar un productor de seguros; fue eliminado por la Secretaría Legal y Técnica
En medio del pantanal de derivaciones y preguntas que genera el caso de los seguros, hay una discusión técnica. ¿Qué permitió que Héctor Martínez Sosa y otros brokers hacer negocios millonarios con las pólizas del Estado? ¿Sólo el direccionamiento de los contratos o un artilugio legal? La Justicia estudia con atención una norma en particular, pero las conversaciones recabadas de los teléfonos secuestrados, analizadas por LA NACION, revelan un dato desconocido que podría provocar un impulso adicional a la causa.
Entre las referencias de negociaciones incompatibles y tráfico de influencias que rodeaban a los brokers de seguros y las carteras del Estado, los chats entre los funcionarios de Nación Seguros y otros del Poder Ejecutivo desentrañan pistas clave sobre el famoso decreto de 2021, que estableció la obligatoriedad de los ministerios y agencias de contratar sus seguros con la empresa pública. Lo que muestran los intercambios telefónicos es que más importante que el contenido de esa decisión oficial puede ser lo que no llegó a formar parte de ella: una limitación a los brokers.
El decreto presidencial 823 fue publicado el 2 de diciembre de 2021. La redacción final estableció una suerte de “compre nacional” para las áreas estatales con respecto a las pólizas. Lo que despierta dudas es que, en el pasamanos de la gestión, el texto perdió un artículo.
Según revelan los chats de Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros, con personas de su entorno y otros exfuncionarios, el decreto tenía otra intención adicional, ahora que el Estado concentraría todos los seguros: limitar la injerencia de los productores como Martínez Sosa o Pablo Torres García, ambos imputados, en seguros donde no tenía sentido que hubiera un broker por el tamaño o la naturaleza del negocio. De esa forma se buscaba ahorrar en comisiones que iban a salir necesariamente del erario público. Para ello, la gestión de Pagliano trabajó en un decreto cuya gestión comenzó más de un año antes.
LA NACION accedió a los sucesivos proyectos, que pasaron por Jefatura de Gabinete, la Oficina Nacional de Compras y el Ministerio de Economía, antes de llegar a Presidencia. En estos borradores, el segundo artículo establecía que “en caso de que se considere que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerita la participación de la figura de un Productor Asesor de Seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, ello y la correspondiente designación deberá formalizarse mediante el correspondiente acto administrativo del organismo, o entidad asegurable según corresponda, el cual deberá presentarse a Nación Seguros S.A. al efecto”.
Una de las versiones también incluía que esa designación debía hacerse por la máxima autoridad administrativa. Esto, posiblemente, hubiese evitado lo que finalmente ocurrió, que es que funcionarios de muy bajo rango fueron los firmantes de las designaciones de los brokers, y definieron el pago de comisiones millonarias.
El espíritu era “reducir el costos de aseguramiento del patrimonio nacional eliminando la intermediación innecesaria entre el Estado y la empresa de fondos públicos”. Pero este considerando y el artículo fueron eliminados por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, que respondía directamente a Alberto Fernández.
Pagliano le insistió varias veces a Ibarra para saber en qué instancia se encontraba el decreto, porque no tenía acceso al sistema GDE que permite ver el expediente. El 24 de noviembre, unos días antes de que salga, le mandó una nota de voz: “Hola Vilma. Buen día. Mirá, la realidad no quiero molestarte, pero lo estoy haciendo. Ayer me llamó Hecker que tenía una duda con el decreto del artículo tres, donde dice algo así que se permite un asesor de seguros, de acuerdo a la Ley de Asesores de Seguros. A ver, yo no tengo problema que ese artículo lo saquen. Lo que sí ese artículo está para que cada uno que pide meter un asesor, que no siempre es lo que uno piensa. Los asesores de seguros tienen su función en el medio. Pero que no lo hagan todo en la sombra como se está haciendo”. Ibarra le contestó que era mejor “no legalizar la figura”.
Unos 20 minutos después, el extitular de Nación Seguros volvió a la carga: “Hola, creo que si desaparece el art. 3 y la intención es la no participación de los productores, el art. 1 debería volver a su forma original y decir... de su gestión ´en directo´... Es para evitar interpretaciones ambiguas”. “Lo vemos, y cualquier cosa mi equipo se comunica”, respondió. La palabra “directo” nunca apareció en el decreto.
Fuentes cercanas a la exfuncionaria dijeron que la eliminación se debió a que no consideraban que el presidente debía hacer referencia a esa figura porque era una manera de incentivar su designación. Independientemente del argumento técnico, el desenvolvimiento de los hechos en los próximos años probó lo contrario. Proliferaron las designaciones para pólizas que no lo ameritaban, con comisiones que excedían lo usual para el trabajo que debían hacer en la gestión de esas carteras.
La misma María Cantero admite que las comisiones eran más altas por motivos políticos. El 11 de junio de 2023 se quejó con su jefe, Alberto Fernández, de que un competidor de su marido (Castello Mercuri) “cobra 25% de comisión en lugar de 5% porque tiene que repartir en el Instituto Patria”, la fundación encabezada por Cristina Kirchner.
El trabajo del broker es administrar los problemas que surgen en el marco del contrato, como recibir los reclamos del asegurado y ayudar a que se solucionen rápido al interactuar con el asegurador. Hay pólizas que lo justificaban, según los conocedores del mercado, como la flota aerocomercial de Aerolíneas Argentinas o YPF, pero en otros casos resultaba innecesario, de acuerdo a la misma norma que Nación Seguros intentó que se apruebe.
El decreto cambió todo el panorama para los brokers y el Estado. La primera respuesta fue negativa, por parte de ellos. Especialmente porque, unos meses antes, el 7 de junio de 2021 se había formalizado un tope del 10% para las comisiones de los brokers en seguros con la empresa. Además, la ausencia de un artículo que haga referencia a su papel los preocupó, lo que quedó reflejado en los chats entre Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros y actual imputado, y Gustavo García Argibay, uno de los directores de la entidad, de fluidos vínculos con los brokers (especialmente con Martínez Sosa) y también parte de la causa.
El mismo día del decreto, a las 11:08, se da esta conversación:
PAGLIANO: ¿Alguna repercusión en los PAS (productores asesores de seguros)?
GARCIA ARGIBAY: Totalmente NEGATIVA. Ya me putearon TODOSSS.
PAGLIANO: Habrá que trabajar para revertir las puteadas o comprar chalecos antibalas.
GARCIA ARGIBAY: Yo talle L.
Muchos brokers ya tenían contratos de intermediación antes. La diferencia era que ellos ubicaban como intermediarios entre el área estatal y, potencialmente, una empresa privada, ya que estaba permitido. Como estas grandes compañías podían absorber el trabajo que podía hacer un productor de seguros, distintos ministerios y entidades, que no tenían grandes riesgos, tenían contratos directos con estas empresas. Esto cambió a partir de 2021. Cuando vencieron las pólizas viejas y las carteras estatales se vieron obligadas a ir a Nación Seguros, fue una perfecta oportunidad para que los brokers salgan a buscar nuevos negocios. Héctor Martínez Sosa y María Cantero fueron pioneros. Así lo hicieron también Pablo Torres García y Oscar Castello, entre otros imputados, de acuerdo a las conversaciones revisadas por LA NACION.
Un año antes de que salga el decreto, Pagliano se comunicó con Pablo Galíndez, el hermano de Alberto Fernández. Hablaba frecuentemente con él, especialmente cuando el presidente no le contestaba o quería consultar con alguien más como plantear temas de su gestión. El 3 de noviembre, le cuenta que tres meses antes le envió al expresidente: “Hola Alberto, quería ponerte al tanto de un decreto que estaría en Jefatura de Gabinete, propiciado por Mecon (ministerio de Economía), SSN (Superintendencia de Seguros de la Nación) y Nación Seguros, que impulsa la retención de primas en el país y transparenta la posible inclusión de asesores productores de seguros en organismos públicos. Sería importante que salga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo”.
Alberto Fernández estuvo al tanto del decreto por lo menos un año antes de que salga publicado. Le dijo a Pagliano, según su propio relato, que él se iba a encargar de que fluya por las área estatales. “La realidad es que se clavó el decreto allá en la Jefatura (de Gabinete) de mierda. Igualmente, ya hablé con Alberto y me dijo que se iba a ocupar del tema”, le comentó Pagliano a Roberto Gilbert, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que había firmado un dictamen respecto de la norma, un mes antes de que salga firmado por el expresidente.
El 12 de noviembre Pagliano le cuenta a Gilbert que habló con Vilma Ibarra, ya que había llegado finalmente a la Legal y Técnica. Cuando llega al poder de la expareja del Presidente, el artículo tres seguía reflejando la limitación a los brokers para casos particulares pero se le cambió el requisito de que la designación provenga de la máxima autoridad. Ahora indicaba que tenía que ser por nota firmada por el titular de la unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad equivalente.
El 2 de diciembre, Pagliano se entera por el Boletín Oficial del decreto y de su contenido. Gilbert lo felicita por el logro y el ni hola le contesta. No hablaban hace casi un mes, pero antes de siquiera saludarlo, le dice: “Le sacaron el art. 3 de productores”. “Jajajaj”, responde Gilbert y añade: “Mejor. Lo decidís vos. Qué más. Excelente. Yo te ayudo si me dejas. Podes reglamentar el decreto. Vemos la forma”.
Unos días después vuelven a conversar sobre la reglamentación a partir de un documento elaborado por la Oficina Nacional de Contrataciones. Él le pregunta al titular del área: “Para vos, ¿Puede haber productores a pesar de los considerandos?”. Le contesta: “Yo no veo nada que lo impida. La reglamentación la tiene que sacar Jefatura de Gabinete, ahí se podría incluir o no. Igual, lo que no está expresamente prohibido, se podría hacer. Es mi humilde opinión”. Después de una discusión, Pagliano expresa su interés en pedir un dictamen a la Procuración del Tesoro para que clarifique.
