Desde la Casa Rosada argumentaron que buena parte de esa comida se destinó a los afectados por las inundaciones; el juez Casanello intimó al Ministerio de Capital Humano a elaborar un plan de reparto ante los reclamos de los movimientos sociales
Después de la intimación del juez federal Sebastián Casanello, que pidió detalles sobre el reparto de cerca de 5000 toneladas de alimentos acopiados en un predio del Ministerio de Capital Humano, desde el gobierno de Javier Milei descartaron un reparto urgente a los comedores, tal como lo solicitaran distintos movimientos sociales y la Iglesia durante el tedeum del sábado pasado por el 25 de mayo. Además, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que apelarán la decisión judicial ya que, argumentó ante una pregunta de LA NACION, “la Justicia no puede entrometerse en las políticas públicas”.
“Efectivamente esos alimentos existen. Tiene diferentes fechas de vencimientos. No están por vencerse. O los que están más próximos a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior”, agregó Adorni. Desde el Gobierno afirmaron que la apelación se dará “en las próximas horas”, y que los alimentos acopiados seguirán guardados, a la espera de otra emergencia que así lo amerite.
“Desde el ministerio de Capital Humano aclaran que la mercadería que está en el galpón de Villa Martelli es para atender situaciones de emergencia”, afirmaron a LA NACION voceros de Presidencia antes de las explicaciones de Adorni. “Así fue el caso cuando se enviaron productos a Concordia, Misiones y Corrientes, por la suba del río. Las copias de los remitos de dichos envíos serán enviadas a la Justicia”, agregaron desde el Gobierno, mientras desde el ministerio que encabeza Sandra Pettovello, apuntada por la existencia de un depósito con miles de alimentos sin repartir, prefirieron no emitir declaraciones.
En la causa que investiga la demora de entrega de alimentos a comedores populares, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente el “stock” actual de alimentos de varios depósitos que detalló y le pidió que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas [al juzgado]”.
“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia. Vamos a apelar la resolución porque consideramos que no es algo de índole judicial, sino una cuestión de política pública. Estos alimentos son reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes”, completó Adorni en su conferencia de prensa diaria. Y apuntó contra los “intermediarios que se sienten dolidos porque se les terminó el usufructo personal”.
Fuera de micrófono, voceros del Gobierno insistían en que “todos los días hay entrega de alimentos, por los canales normales”. Y agregaban que “la mitad de los comedores eran truchos”, como justificativo para una racionalización de ese reparto. “Están queriendo instalar que este es un Gobierno maléfico que esconde los alimentos y no es así”, se defendieron desde un despacho oficial.
En su homilía del sábado, y a metros del Presidente, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, llamó a la dirigencia de todo el país a evitar la fragmentación social y el odio, realizar una “autocrítica madura” y no demorar la solución de las urgencias sociales.
El jueves pasado, y a través del portavoz Manuel Adorni, el Gobierno reconoció que cerca de 5000 toneladas de alimentos adquiridos durante la gestión presidencial de Alberto Fernández se encontraban guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano como reserva para situaciones de “emergencia”.
Los movimientos sociales vienen reclamando el reparto de alimentos, y afirman que en algunos casos no los reciben desde diciembre pasado. “No me quejo de que su plan sea destruirnos. Todo eso es casi una derivación natural de su filosofía. Sólo pedimos que la comida llegue a la gente necesitada y no está llegando ni con comedores, ni con vouchers, ni con tarjetas alimentarias”, afirmó el viernes el dirigente social Juan Grabois en la red social X en un texto dirigido al Presidente. “Usted prometió que la comida no iba a faltar. Falta. Es un dato objetivo de la realidad”, aseguró Grabois, quien motorizó la denuncia por “más de 4 millones de kilos de alimentos retenidos en dos galpones en Tafí Viejo y Villa Martelli”, según explicaron cerca del ex pre-candidato presidencial de Unión por la Patria, que hoy festejó la resolución de Casanello que pide al Gobierno explicaciones por la comida acopiada.
Ayer, el titular de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, reclamó el reparto urgente de esos alimentos. “Nos hemos enterado sobre la existencia de dos depósitos de alimentos que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión”, reclamó Ojea
