El 7 de octubre, Milton declaró ante el Departamento de Justicia estadounidense un acuerdo para representar a la expresidenta; sus abogados sostienen que el convenio no está vigente.
El correo electrónico salió el 5 de octubre, a las 15.56. “Hola, Emma. Annie Correal tuvo la amabilidad de pasarme tu contacto”, escribió Ani Gevorgyan, una consultora radicada en Londres. El asunto prometía una entrevista con Rafael Valim, el abogado brasileño que lleva el caso de Cristina Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La destinataria era una integrante de The New York Times.
Valim, que fue integrante del equipo jurídico que defendió al presidente brasileño, Lula da Silva, en la investigación conocida como Lava Jato, se sumó a mediados de este año al equipo de defensa internacional de la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la condena por la causa Vialidad.
El email presentaba al abogado brasileño como antiguo representante de Lula, especialista en lawfare y asesor en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
La consultora escribía en representación de la expresidenta, según sus palabras textuales.
Gevorgyan reconoció en el mensaje que su objetivo era acompañar el trabajo para suspender temporalmente la inhabilitación perpetua que le impide a Cristina Kirchner ocupar cargos públicos. Un dato relevante de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
El objetivo de la agencia británica era instalar en los grandes medios internacionales el planteo de Cristina Kirchner contra la condena a seis años de prisión.
Los correos formaban parte de una campaña diseñada para extenderse durante un año y revelada por documentos presentados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Fuentes al tanto de la estrategia de la expresidenta sostienen, sin embargo, que su equipo nunca dio la aprobación final a la contratación y que la consultora avanzó “prematuramente”, cuando todavía persistían diferencias sobre algunos detalles contractuales.
La documentación presentada por Milton ofrece otra versión. El 7 de octubre, la firma declaró ante el Departamento de Justicia que su acuerdo con Nazar Partners se encontraba vigente. Para entonces, ya había contactado a periodistas de The New York Times y Bloomberg News.
Más allá del contrapunto, la trastienda de esas conversaciones es reveladora. El contrato entre Nazar Partners FZ-LLC y Milton Advisers fue firmado el 27 de agosto. Nazar, radicada en la zona franca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, aparece como la contratante formal. Cristina Kirchner figura como beneficiaria del trabajo y como “principal extranjera”.
Quienes conducen la estrategia internacional de Cristina Kirchner consideran que el caso tuvo buena recepción y que reciben consultas frecuentes sobre su situación. Por eso, no consideran necesaria, al menos por ahora, la ayuda adicional de una consultora.
El precio negociado era de US$10.000 mensuales durante 12 meses. Es decir, unos US$120.000 por el año completo, más impuestos y gastos. Cualquier gasto superior a £500 debía ser aprobado previamente. Al registrarse, el 7 de octubre, Milton declaró que todavía no había recibido pagos.
El calendario ayuda a entender la operación. La expresidenta había anunciado el 29 de julio pasado que recurriría al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Un mes después comenzó el contrato con Milton. En septiembre último, sus abogados presentaron como nueva prueba un informe encargado a especialistas brasileños. El 5 de octubre salieron los correos hacia los medios norteamericanos. Dos días después, la consultora quedó registrada en Washington.
El equipo de la expresidenta busca que la ONU dicte una medida cautelar para suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le abriría una puerta para volver a competir en elecciones.
La ofensiva internacional avanza mientras se acelera la pelea por la candidatura peronista de 2027. Aunque no lo dice, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, construye su proyecto presidencial; Sergio Massa está activo, Máximo Kirchner defiende la centralidad de su madre y Cristina Kirchner busca recuperar la posibilidad de competir.
El contrato permite reconstruir las tareas que se les hubieran requerido a los consejeros británicos. Incluía la elaboración de mensajes, apoyo a voceros, relaciones gubernamentales e institucionales en Estados Unidos, Europa y América Latina, contactos con medios y coordinación entre los abogados y el equipo de comunicación.
También preveía buscar observadores jurídicos y “validadores externos”, seguir la conversación mundial sobre Cristina Kirchner y medir el tono de la cobertura.
El objetivo quedó escrito con claridad: conseguir columnas de opinión, artículos y entrevistas en medios internacionales de primera y segunda línea de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. El trabajo debía organizarse en ciclos de seis semanas, sincronizados con los hitos que indicara el cliente.
Nazar Partners ocupaba un lugar central, pero todavía opaco. Era la contratante formal y la responsable de pagarle a Milton. El acuerdo estaba firmado en su nombre por Almira Sylaj. Sin embargo, los documentos no explican quién contrató a la firma emiratí, cuánto cobraba por su propia intervención ni de dónde provienen finalmente los fondos. Tampoco aparece un contrato firmado directamente por la expresidenta.
Milton tiene sede en Londres y fue fundada por dos británicos con experiencia política. Louis Rynsard trabajó con equipos del Partido Laborista y luego se especializó en comunicación de crisis y litigios internacionales. Alex Walker pasó ocho años en Westminster y asesoró al alcalde de Kiev y excampeón mundial de boxeo Vitali Klitschko, entre muchas otras cosas.
Tres integrantes de la firma quedaron registrados personalmente para trabajar a favor de Cristina Kirchner. Rynsard es uno. Los otros son Tolga Inanc, un consultor británico que pasó por el Tesoro y la Cancillería de su país, y Gevorgyan, que escribió los correos y ofreció la entrevista con Valim.
La defensa de Cristina Kirchner conecta abogados y consultores de varios países. Junto al argentino Carlos Beraldi trabajan Valim y Javier Borrego, español, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y exmagistrado del Tribunal Supremo de España.
Milton se inscribió bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. La norma obliga a quienes desarrollan determinadas actividades políticas o de comunicación en favor de intereses extranjeros a revelar a quién representan, qué hacen y cuánto cobran.
Cristina Kirchner aparecía como ciudadana argentina y expresidenta. Milton declaró la actividad como política porque buscaba influir sobre la percepción de audiencias estadounidenses respecto de su situación judicial y su futuro político.
La Justicia argentina considera probado que entre 2003 y 2015 se direccionaron 51 obras públicas en Santa Cruz para favorecer a las empresas de Lázaro Báez y condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta contra el Estado.
La Corte Suprema dejó firme en junio del año pasado la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, la expresidenta cumple arresto domiciliario y busca trasladar la disputa a los organismos internacionales.